#ColumnaPrestes 01
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Ricardo Adrián
--Con
el actual escándalo de Corrupción en PDVSA, que vincula centralmente a
los equipos político-económicos del entonces ministro de energía y
petróleo Tareck El Aissami, se anuncia la tercera reestructuración de la
estatal petrolera del gobierno de Nicolás Maduro. Cada una de las
anteriores sucedía tras graves escándalos.
De acuerdo a las estimaciones (incluida su rectificación) del diputado de la Asamblea Nacional, Hermann Escarrá, la suma de estos desfalcos pueden superar los 23 mil millones de dólares, entre los cuales se pueden mencionar, de acuerdo a las propias denuncias del Gobierno Nacional:
1. El caso de Rafael Ramírez , ex presidente de PDVSA y ex ministro del petroleo (hasta 2014), en el que el Fiscal general Tarek William Saab refirió un presunto escándalo de Corrupción de 4.850 millones de dólares.
2. El caso de Del Pino y Martínez , directivos de PDVSA (entre 2014 y 2018), procesados por la malversación de 500 millones de dólares de la empresa mixta Petrozamora.
3. El actual escándalo del grupo de Tareck El Aissami (de 2020 a 2023) que se vincula principalmente a la empresa mixta Petrocedeño, la comercialización de PDVSA y a los manejos inescrupulosos de la SUNACRIP, de todo lo cual no se han dado cifras oficiales, pero se estima que se trata del escándalo de corrupción más grande de la historia de Venezuela.
En todos estos casos se han señalado y/o se han judicializado a los corruptos. Pero lo común que tienen todas estas "guerras contra la corrupción", con sus exclamaciones de "caiga quien caiga", es que siempre quedan intactos los mecanismos que posibilitan la Corrupción, más recientemente, desde 2019, la llamada Ley Antibloqueo que amplía y facilita todos los esquemas de confidencialidad y desde los cuales puede actuar la corrupción con mayor profundidad e impunidad.
-No estamos ante una guerra contra la corrupción sino ante una escisión conflictiva del pacto oligárquico
-Desde mediados del mes de marzo se han dado dos fases de la anunciada "guerra contra la corrupción"; la primera con la detención de 11 funcionarios, entre directivos, jueces y militares, junto a 10 empresarios (golpe económico); y a segunda contra funcionarios (políticos y militares), todos o casi todos vinculados directamente al mando de Tareck El Aissami, personero del que no se tiene hoy mayor información.
Mientras esto ocurre por órdenes del Ejecutivo Nacional, el parlamento trabajó rápidamente en una Ley de extinción de dominio para confiscar todos los bienes y recursos privados de funcionarios y de empresarios señalados por estar inmersos en esta trama de corrupción, esto con la finalidad de:
1. Recobrar parte de las riquezas sustraídas y re-colocarlas bajo el control del ejecutivo.
2. Dar un mensaje claro a los empresarios privados sobre lo que les puede ocurrir sino se acoplan a un mando central político/económico.
No se trata de acabar con la corrupción. El parlamento no ha sesionado para revisar las fallas de los mecanismos de control del Estado, la enorme ausencia de la Contraloría General de la República o de los mecanismos de control internos de entidades como PDVSA y la SUNACRIP. Mucho menos ha planteado la Asamblea Nacional revisar los mecanismos legales e institucionales que permiten estos escándalos de corrupción. No han propuesto un manejo transparente, verificable y sometido a controles de los recursos del pueblo Venezolano. ¡NO!
Pareciera que la línea clara es apresar a los corruptos señalados y recuperar bienes, ¡pero para que siga la corrupción!
No estamos realmente ante una "guerra contra la corrupción" sino ante una feroz disputa entre grupos de poder y su correspondiente ajuste y reacomodo oligárquico.
-La corrupción como base de la acumulación originaria de la "burguesía revolucionaria"
-De esta forma queda expuesta la forma cómo, por acuerdos de gobernanza amparados por la ley anti-bloqueo y por los mecanismos de complicidad interna, operan y se arman las asociaciones oligárquicas que vinculan a altos funcionarios, empresas mixtas y empresarios privados, con todas sus relaciones financieras internacionales, poniendo en marcha toda una lavadora de capitales internacional que transforma las riquezas públicas, del trabajo nacional, sustraídas por la corrupción, en inversiones privadas, en cuentas internacionales, reservas de oro y demás propiedades.
Esta centrífuga financiera de carácter privado, con sus inversiones de capital dentro y fuera del país constituyen la base material que permite la acumulación originaria de la "burguesía revolucionaria", es decir, de una casta social oligárquica que concentra tal poder económico y político que les lleva a incidir determinantemente en las esferas públicas y privadas .
La "burguesía revolucionaria", así bautizada por el actual ministro de agricultura, Castro Soteldo, es el producto final, conclusión natural de los mecanismos de la corrupción; fuga de capitales, lavadoras internacionales e inversiones de todo tipo, con fondos apropiados, dentro y fuera del país. Se trata de un poder público y privado de explotación y expoliación de los Trabajadores venezolanos, de quienes se extrae un plusvalor extraordinario para su conversión en un poder político y económico, cívico, judicial y militar e incluso paramilitar (bandas, El Conejo, Tren de Aragua) de opresión social.
Estos suprapoderes oligárquicos, como vemos se han asociado, operado y desarrollado con base a la fusión de todos los poderes públicos bajo el mando central del ejecutivo. A su vez este mando central se nutre de las operaciones de estos grupos oligárquicos, de su capacidad de centralizar capitales, de concentrar enormes riquezas, y de emplear poderosas relaciones políticas, militares y económicas internacionales que mantienen al gobierno en una situación de ventaja y superioridad respecto a las fuerzas contrarias, tanto nacionales como internacionales.
De allí el gran peligro de una escisión conflictiva entre los grupos oligárquicos más importantes del gobierno, pues reviste graves repercusiones para su gobernanza.
-Tareck y el golpe económico al mando central del gobierno
-De acuerdo a una investigación de la agencia Reuters, desde 2020, año en el que Tareck El Aissami toma el mando de PDVSA, la estatal ha acumulado la cifra de 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar, contraídas por una red de intermediarios (traders) inescrupulosos que habiendo recibido buques de petróleo no efectuaron el pago de los mismos. Se estima que esta cifra corresponde al 84% del valor total de las exportaciones totales hechas por PDVSA en estos tres años.
Por lo que sí, estos traders fueron movidos por el mando de Tareck y por ende, como lo han denunciado los ex gerentes de PDVSA Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, los buques de la estatal petrolera salían sin órdenes de salida, ni previo pago, autorizados por PDV Marina y sus altos funcionarios. Si esta situación de impago de petróleo realmente alcanza el 80% de la comercialización petrolera no estamos ante un hecho de corrupción cualquiera, sino ante un Golpe económico que compromete seriamente la operatividad del Estado, sus redes de relaciones políticas y económicas.
Y en este escenario de golpe a la operatividad del Estado, el mando central del mismo queda en una situación de vulnerabilidad frente a sus socios, enemigos y fuerzas subalternas, comprometiéndose los equilibrios de poder, por lo que la reacción se estima que será implacable, desmedida, ejemplar y obscura.
Amanecerá y veremos!
Periodista. | Columna Prestes I 2023. @RicardoAdrianVen
