Ezio Assiso.
"Así la clase obrera ha visto en distintas empresas nacionales como, se instalan empresarios privados de esa tristemente llamada “burguesía revolucionaria”, donde, en procedimientos que van más allá de la ley, se aprovechan de las instalaciones, maquinarias, materias primas e insumos, adueñándose de ingentes ganancias a cambio de prácticamente no invertir un céntimo."
En días pasados hemos sido testigos de un hecho profundamente vergonzoso para la nación. Se descubrió una red de corrupción que opera desde la presidencia de la empresa nacional Lácteos los Andes, destapándose casos que incluyen el aprovechamiento ilegal de las instalaciones de la empresa, de su materia prima e insumos industriales, y de los trabajadores, para procesar y empaquetar los productos de la empresa privada Villa La Estancia, perteneciente a Luis Augusto Piligra, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de Lácteos Los Andes. De la misma forma se descubrieron irregularidades en las compras y contrataciones de la empresa, donde el material requerido para el funcionamiento operativo, era suministrado a sobreprecio por empresas privadas, cuyos dueños están emparentados con Luis Augusto Piligra. Es de destacar que todo esto fue conocido gracias a la denuncia hecha por una trabajadora y vocera del Consejo Productivo de Trabajadores de la estatal de lácteos.
Este tipo de informaciones no son una novedad para los trabajadores de las empresas del estado, especialmente para los que están ligados a las experiencias de conformación de Consejos de Trabajadores y a las prácticas de contraloría obrera y social. Distintos grupos de trabajadores se han pronunciado, especialmente a partir del año 2018 contra las privatizaciones encubiertas, contra la presencia de capital privado que usufructúa la propiedad pública, y contra la descapitalización de las empresas, principalmente en los sectores de alimentación, industrias básicas, transformadoras de hierro y aluminio, y en los servicios básicos. A esto se suman las críticas recurrentes en la opinión pública venezolana sobre el propio funcionamiento y modelo de gestión de las empresas estatales. En tal sentido lo primero que debemos tener es un breve bosquejo sobre las empresas públicas en Venezuela.
Las empresas públicas.
Al llegar al poder Hugo Chávez, se propone, entre sus prioridades, recuperar el control nacional de la principal empresas del país, PDVSA, así como sus principales filiales. Paralelamente se propuso revertir el proceso privatizador profundizado en la década de los 90s en las industrias básicas, así como en los servicios públicos, todo esto con el objeto de impulsar una lógica de desarrollo endógeno y soberano. Todo este proceso fue conflictivo, pero conforme avanzaron los años, y vista la experiencia de la acción colectiva de los trabajadores petroleros para la defensa de PDVSA, Chávez se hizo de las ideas del socialismo y, por tanto, de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
Vista las circunstancias, y tras el paso de la crisis financiera del 2008, distintas empresas privadas de varios sectores cesan sus operaciones en el país, muchas de estas ya mostraban rasgos de obsolescencia en su funcionamiento y maquinaria o estaban en transito a la quiebra. Es en este contexto que los trabajadores de distintas empresas se organizan y ocupan sus entidades de trabajos, organizan la resistencia colectiva y paulatinamente restituyen la producción, logrando acto seguido, la intervención del estado con medidas de expropiación destinadas a la preservación de la producción y de los puestos de trabajo.
Aquí vale destacar los siguientes puntos generales:
• El estado al intervenir, restituye la forma jerárquica de gestión, nombrando presidentes de empresas, y estos sus estructuras gerenciales, ignorando así el esfuerzo colectivo de los trabajadores en la toma y recuperación de las empresas.
• Solo en algunas entidades se desarrollaron formas de cogestión entre los trabajadores y la gerencia estatal, sin embargo, a los trabajadores generalmente se les relegaba a una función consultiva, quedando las decisiones fundamentales en manos de los representantes del estado.
• Estas empresas, al contar con tecnología obsoleta y deteriorada, necesitaban importantes inversiones para su mantenimiento, repotenciación, y reingeniería productiva, éstas inversiones no se llevaron a cabo.
• Estas empresas en gran medida también dependían, en aspectos técnicos, logísticos, operativos y de comercialización, del circuito económico de las grandes empresas trasnacionales, por tanto, solo podían reimpulsarse en base a un plan conjunto de industrialización nacional con una lógica distinta.
Por tanto, el panorama de las empresas estatales está conformado por un lado por empresas que son consideradas estratégicas para la nación, y por el otro lado por pequeñas y medianas empresas que fueron abandonadas por sus dueños en un proceso de desindustrialización, tomadas por los trabajadores e intervenidas por el estado con el fin de salvaguardar los puestos de empleos y la producción.Éstas intervenciones se dieron de manera fortuita, no hubo, por tanto, un plan para las expropiaciones de sectores como el de alimentación o el automotriz, por ejemplo, y por tanto, en la gestión de esas entidades fue ganando terreno el pragmatismo y el oportunismo.
Las empresas mixtas, ¿el remedio o la enfermedad?
Aunado a los propios problemas de visión y de la gestión en las empresas del estado, en los últimos años se suma además el papel que ha ejercido el bloqueo económico internacional, el cual dificulta a un más el acceso a posibles mercados y proveedores de insumos y materias primas. El papel de la corrupción, donde el caso de Lácteos Los Andes citado previamente es más que ilustrativo.
Entonces, para solucionar los males de las empresas públicas se nos ha querido vender las llamadas “alianzas estratégicas” con el capital privado bajo la forma de empresas mixtas, como la solución a todos los males de estás empresas, presentándonos la idea de que el capital privado es el único sector que puede apalancar el desarrollo nacional. El apoyo a este sector neo-burgués ha sido público y notorio: creación de zonas económicas especiales, legislación favorable, exenciones de impuestos para la importación, salarios paupérrimos, flexibilidad laboral, y el uso de las empresas públicas con fines privados.
Así la clase obrera ha visto en distintas empresas nacionales como, se instalan empresarios privados de esa tristemente llamada “burguesía revolucionaria”, donde, en procedimientos que van más allá de la ley, se aprovechan de las instalaciones, maquinarias, materias primas e insumos, adueñándose de ingentes ganancias a cambio de prácticamente no invertir un céntimo. El caso de Lácteos los Andes, más allá de ser una excepción, parece ser la norma, y es que esta lógica de funcionamiento, donde el privado no tiene la necesidad de comprar la empresa pública, porque sencillamente se sirve de ella y la saquea, ya es conocida por los trabajadores de la Industria Nacional del Café, donde conocidas marcas de propiedad pública, como Fama de América o Café Madrid, han desaparecido en favor de marcas privadas; en las empresas transformadoras del aluminio supuestos aliados estratégicos, operan en las empresas, comprando los productos terminados a precios de remate y aprovechando la maquinaria e insumos estratégicos públicos, al tiempo que la mayoría de los trabajadores estatales cobran salarios de hambre.
¿Y los trabajadores?
Muchos han pretendido endilgar la culpa de la paralización productiva a los trabajadores. “Las empresas la llevaron a la quiebra los trabajadores”, “el control obrero fracasó” o “los trabajadores no pueden dirigir empresas”, son frases recurrentes de voceros de la derecha política y del oportunismo burocrático social-traidor, que solo buscan encubrir el hecho de que las empresas se encuentran en la actual situación por la dinámica propia del capitalismo dependiente, que se está desarrollando un proceso de saqueo a la propiedad pública nacional, y de la gestión burocrática tradicional y antidemocrática.
Muy al contrario de lo que se quiere hacer creer, los trabajadores, con un inimaginable esfuerzo, y aun con todo el peso de la crisis reposando sobre sus espaldas, ha hecho esfuerzos de suma importancia para preservar la industria nacional.
Destacable fue la conformación del Ejercito Productivo Obrero, por parte de los trabajadores de diversas industrias del estado, desarrollando las Batallas Productivas, jornadas de diagnósticos de los problemas en los procesos y cadenas productivas, y jornadas intensivas de trabajo para la resolución de dichos problemas, donde se involucraban los obreros de distintas industrias. En 2018, este ejército productivo desarrolló todo un plan para el desarrollo de los principales sectores industriales del país, articulando las entidades en los encadenamientos productivos, y con un diagnóstico detallado para la resolución de los grandes nudos críticos de la producción nacional.
A esto se suma el auge de la conformación de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, que estuvo caracterizado por un interesante movimiento asambleario donde irrumpieron nuevos liderazgos obreros, con las miras puestas a ejercer una verdadera contraloría social y obrera, y apuntando al control obrero de la producción.
Ambos ejemplos fueron limitados en tanto fueron intermediados por instituciones del estado como el Ministerio del Trabajo, y fueron contrarrestados con políticas neoliberales, y con instrumentos como la “Ley Antibloqueo” que en su “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, criminaliza las posibilidades de los trabajadores de realizar la legítima contraloría social sobre la verdadera situación en las empresas públicas.
Por tanto, ante este panorama desolador que apunta a las privatizaciones y al desangre de las empresas públicas, los trabajadores son los llamados a emprender la obra de su reconstrucción – diría Antonio Gramsci –, y ésta deberá avanzar hacia la democracia obrera, a restituir la esperanza, y organizar un sistema donde el bienestar público se imponga a la corrupción y la codicia privada.
